La comunidad educativa del Colegio Teodelina Fernández de Alvear se encuentra en estado de alerta tras la detección de un escrito con mensajes de amenaza dentro de sus instalaciones. Ante el hecho, el Equipo Directivo procedió a la activación inmediata del protocolo de seguridad coordinado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

La dirección de la institución advirtió sobre el peligroso "efecto contagio" en redes sociales y la falsa creencia de impunidad que ofrece el anonimato virtual. En sintonía con esto, el Gobierno Provincial emitió un documento oficial donde establece que estos hechos no serán tratados como simples transgresiones escolares, sino como delitos graves que vulneran el derecho a la educación.

El Protocolo Provincial y sus consecuencias legales

Ante la proliferación de carteles y pintadas con amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, el Ministerio de Educación, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), ha definido un esquema de respuesta riguroso que incluye:

Tipificación como Intimidación Pública: Según el Art. 211 del Código Penal, estas acciones son sancionables con penas de prisión. Los autores serán sometidos a procesos penales juveniles para determinar su responsabilidad.

Investigación y Allanamientos: El MPA utiliza tecnología avanzada, rastreo de IP y peritajes de redes sociales. Estas investigaciones derivan rápidamente en allanamientos domiciliarios, secuestro de dispositivos electrónicos de toda la familia y detenciones.

Intervención ante armas de fuego: El nuevo Código Procesal Penal Juvenil permite al Estado intervenir de forma inmediata si se advierte la posible presencia de armas, incluso si los involucrados no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.

Impacto económico para los padres

Uno de los puntos más contundentes del protocolo es el reclamo por los costos operativos. Cada amenaza moviliza fuerzas policiales, brigadas tácticas y servicios médicos, generando un gasto inmenso al Estado.

De acuerdo al Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos. En consecuencia, el Estado Provincial demandará judicialmente a los representantes legales para que paguen de forma íntegra los gastos de los operativos policiales y la reparación económica de los perjuicios ocasionados.

Desde el Colegio Teodelina Fernández de Alvear y el Ministerio instan a las familias a dialogar con urgencia y contundencia, advirtiendo que lo que comienza como un "reto de TikTok" puede terminar con un proceso penal y la pérdida de los bienes familiares para cubrir los costos legales y operativos.