En una jornada marcada por un fuerte despliegue de seguridad, la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la provincia de Santa Fe asestaron un golpe determinante contra una estructura criminal que asediaba a las autoridades del Club Coronel Aguirre. El operativo, derivado de una investigación por extorsiones y amenazas reiteradas, arrojó un saldo de cuatro hombres puestos a disposición de la Justicia y el secuestro de un arsenal de evidencias.

​La causa, liderada por la fiscal Carla Ranciari, se originó tras la denuncia del presidente de la institución "rojiverde", Diego Lavezzi, quien expuso un esquema de coacciones en el que se exigía dinero mensual para costear los movimientos de la barra brava.

​El despliegue: 10 allanamientos y requisas en pabellones

​Bajo las directrices del Ministerio de Justicia y Seguridad, las fuerzas de irrupción —con apoyo de unidades de Rosario, San Lorenzo y otras localidades— ejecutaron 10 procedimientos en simultáneo. Los domicilios afectados se concentraron en puntos estratégicos de Villa Gobernador Gálvez, incluyendo calles como Temporelli, Simón Bolívar y Soldado Aguirre.

​En paralelo, el Servicio Penitenciario Provincial intervino en la Unidad N° 11 de Piñero. Allí, la Guardia Operativa de Restitución del Orden (GORO) logró incautar un reloj inteligente que un interno ocultaba dentro de su colchón, elemento que será peritado para determinar su uso en la coordinación de los delitos desde el encierro.

​Detenidos y material secuestrado

​Como resultado de las irrupciones, fueron identificados y demorados cuatro hombres:

• ​Milton Emanuel T. (43) (Detenido)
• ​Gastón Nicolás G. (28)
• ​Damián Ezequiel O. (31)
• ​Gastón Ezequiel P. (33)

​Evidencias delictivas: Durante las requisas se hallaron dos armas de fuego (una pistola 9mm y una calibre 32 de doble cañón), más de 60 municiones y una suma superior al 1,2 millones de pesos en efectivo.

​Además, los agentes incautaron 21 teléfonos celulares, motos con pedido de captura o interés para la causa, plantas de marihuana y abundante material de propaganda que vincula directamente a los sospechosos con la facción violenta del club.

​Con estas detenciones, la fiscalía busca desmantelar la caja financiera de la barrabrava, la cual se sostenía mediante el amedrentamiento directo a los directivos de una de las instituciones más emblemáticas de la región.