Tres presuntos miembros del sindicato de la construcción fueron detenidos tras ser denunciados por el propietario de una obra en construcción, a quien habrían exigido dinero bajo la amenaza de paralizar los trabajos. La rápida intervención policial frustró la maniobra extorsiva.
Un operativo policial llevado a cabo en la localidad de Alvear culminó con la detención de tres hombres identificados como; Alberto Marcelino N (52), Jorge L (49) y Néstor L (52), todos ellos presuntamente vinculados al sindicato de la UOCRA.
La aprehensión se produjo tras la denuncia de un hombre de 32 años, propietario de una obra en construcción ubicada en la calle El Plátano al 1100.
Según la reseña policial, personal del Comando Radioeléctrico Pueblo Esther-Alvear fue alertado por la Central de Emergencias del 911, sobre un disturbio en la mencionada dirección. Al arribar al lugar, los agentes observaron un vehículo WV Suran con los tres sospechosos a bordo, quienes intentaban retirarse. Todos vestían camperas y chalecos con la insignia de la UOCRA.
En el lugar, la víctima relató a los uniformados que días atrás, personal del sindicato se había presentado en la obra y posteriormente exigió dinero vía telefónica, a través del arquitecto, para permitir que los obreros continuaran trabajando. La amenaza era clara: de no acceder al pago, la obra sería paralizada.
En el día de hoy, los tres hombres regresaron a la construcción, ingresando a la edificación. Con la información proporcionada por el damnificado, la policía procedió a la inmediata aprehensión de los tres sujetos, quienes fueron trasladados a la Sub Comisaría 8º para las diligencias legales correspondientes.
El Dr. Cicerccia, Fiscal de Flagrancia interviniente, ordenó la realización de todas las actuaciones de rigor, incluyendo la captura de pantalla de las comunicaciones intimidatorias con la víctima. Asimismo, dispuso que los tres malvivientes permanezcan detenidos por el delito de Tentativa de Extorsión, a la espera de la orden judicial formal. Este rápido accionar policial pone de manifiesto la intolerancia ante este tipo de prácticas extorsivas que afectan al sector de la construcción y a la libre actividad económica.